La Fiscalía se querella contra el alcalde de Ítrabo por presunta malversación

La sección especializada en delitos contra la administración pública de la Fiscalía Provincial de Granada ha formalizado una querella penal ante los juzgados de Instrucción de Motril contra el alcalde del Ayuntamiento de Ítrabo, Antonio Jesús Carrascosa Valverde. La decisión judicial llega tras respaldar los indicios presentados sobre la presunta comisión continuada de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, sustentados en la revisión de veintiséis expedientes de gasto municipal.

El procedimiento judicial deriva de una denuncia interpuesta por el portavoz del grupo municipal de VOX en la localidad, Antonio Jiménez Montes. La formación política puso en conocimiento del ministerio público una serie de supuestas anomalías contables consistentes en la liquidación continuada de facturas entre los ejercicios 2021 y 2026 sin contar con el preceptivo informe de fiscalización previa por parte del órgano de intervención, así como la asignación de pagos periódicos sin cobertura contractual formal.

Irregularidades acreditadas por la intervención municipal

Tras la incoación de las diligencias informativas, la Fiscalía requirió a la secretaría-intervención del Ayuntamiento de Ítrabo la elaboración de un informe técnico exhaustivo sobre diversas contrataciones públicas. La documentación remitida al fiscal confirmó la concurrencia de múltiples vicios administrativos sustanciales en la gestión económica del consistorio de la comarca costera.

Entre los hechos descritos en el informe técnico destaca la tramitación sistemática de contratos menores cuya cuantía superaba el límite legal de 15.000 euros previsto para suministros. Asimismo, los técnicos constataron el fraccionamiento de contratos para atender necesidades estructurales y gastos de carácter recurrente, además de la existencia de obligaciones económicas abonadas directamente a proveedores sin que constara expediente alguno de adjudicación en los archivos de la corporación local.

Contratación directa y apertura de diligencias judiciales

El decreto emitido por el ministerio público subraya igualmente anomalías severas en el área de recursos humanos, señalando la contratación de personal laboral de forma directa al margen de las convocatorias reglamentarias y de los principios de publicidad, mérito y capacidad obligatorios en la función pública. Todas estas actuaciones habrían consolidado una práctica arbitraria y lesiva para los recursos financieros municipales.

El portavoz de VOX en el municipio, Antonio Jiménez Montes, celebró el respaldo de la Fiscalía a su iniciativa y manifestó que su grupo no permitirá que el equipo de gobierno realice un destino indebido de los recursos públicos de los vecinos. Con el traslado del expediente al juzgado motrileño, la autoridad judicial determinará en las próximas semanas la apertura formal de la fase de instrucción penal y la citación en calidad de investigado del regidor municipal.