Vox alerta del impacto electoral del voto exterior en la provincia

El presidente de VOX Granada y parlamentario autonómico, Ricardo López Olea, ha denunciado públicamente el incremento del 16% experimentado por el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) en la provincia de Granada. La formación política sostiene que la aplicación de la conocida como Ley de Nietos podría alterar de manera decisiva la representatividad democrática en las próximas convocatorias electorales, motivo por el cual ha exigido la implantación inmediata de controles rigurosos y una absoluta transparencia institucional.

De acuerdo con los datos oficiales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 62.594 ciudadanos figuran actualmente inscritos en el censo exterior correspondiente a la circunscripción granadina. Esta cifra supone un incremento superior a los ocho mil electores respecto al cierre de 2023, cuando el registro computaba 53.910 personas en el extranjero. López Olea ha recordado que en los comicios generales de julio de 2023 apenas 9.843 papeletas dirimieron la asignación del séptimo diputado provincial en el Congreso, una diferencia mínima que evidencia la trascendencia de este colectivo.

Variaciones significativas en Motril y la Alpujarra

La evolución de estas cifras refleja comportamientos desiguales pero contundentes en las distintas comarcas granadinas. En la Costa Tropical, la ciudad de Motril ha alcanzado un censo exterior de 3.448 inscritos, experimentando una notable subida del 23,1% respecto al periodo anterior. Por su parte, la capital provincial contabiliza 18.932 electores en el registro CERA, lo que representa un crecimiento del 12,6%. Sin embargo, la incidencia proporcional más acusada se localiza en la comarca de la Alpujarra, donde hasta seis municipios presentan censos en los que más de la mitad del electorado total reside formalmente fuera de las fronteras nacionales.

El caso más representativo se localiza en la localidad alpujarreña de Murtas, donde 1.067 personas están registradas en el censo exterior, cifra que ya supone el 76,2% del censo total municipal, frente a los 867 ciudadanos registrados durante el ejercicio de 2023. A juicio de la formación conservadora, este volumen desproporcionado en municipios de baja densidad demográfica convierte el voto de los residentes foráneos en el elemento determinante para definir las corporaciones locales y la representación parlamentaria, diluyendo la voluntad directa de los residentes habituales.

Reclamaciones judiciales y fiscalización del proceso

Ante este escenario, el dirigente provincial ha calificado la situación como un presunto fraude derivado de los procedimientos de concesión de nacionalidad contemplados en la Ley de Memoria Democrática. López Olea ha defendido las actuaciones impulsadas por su grupo ante las instancias judiciales, recordando el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo orientado a salvaguardar la legalidad en los trámites de registro consular. Asimismo, ha señalado la puesta en marcha de herramientas de fiscalización ciudadana, entre ellas un mapa interactivo para monitorizar las variaciones censales en el territorio.

El parlamentario ha concluido manifestando que ninguna administración debe emplear mecanismos legislativos excepcionales para configurar censos favorables con fines partidistas. Desde la formación han avanzado que continuarán exigiendo revisiones técnicas ante la Junta Electoral Central para garantizar que el voto exterior cumpla con las máximas garantías de autenticidad, custodia y verificación material en los futuros procesos electorales provinciales.